El Imperativo de la Inversión Público-Privada en América Latina y el Caribe: Un Cambio de Paradigma para el crecimiento y la Sostenibilidad

Introducción: El dilema del crecimiento y el límite del Estado

La infraestructura es la columna vertebral de la competitividad y la equidad social. No se trata solo de construir;se trata de impulsar el crecimiento, generar empleo técnico y reducir las brechas de desigualdad que frenan el desarrollo. En América Latina y el Caribe (ALC), nos enfrentamos a un dilema estructural: la demanda de conectividad y servicios básicos crece a un ritmo que las finanzas públicas, limitadas por ciclos políticos quinquenales y la necesidad de mantener la disciplina fiscal, simplemente no pueden sostener.

El modelo de inversión estatal directa está agotado frente a las magnitudes de inversión que requiere el siglo XXI. La solución radica en la utilización estratégica del músculo financiero y operativo del sector privado mediante Alianzas Público-Privadas (APP) y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

1. El Abismo de la Infraestructura: Un Análisis Comparativo ALC vs. OECD

Para entender la urgencia, debemos mirar las cifras. El déficit de infraestructura no es una percepción, es una brecha medible que impacta directamente en el bolsillo del ciudadano y en la rentabilidad de las empresas.

Mientras que los países de la OECD invierten, en promedio, entre el 5% y el 8% de su PIB en infraestructura de alta calidad, la región de ALC apenas alcanza el 2.8%. Esta subinversión crónica se traduce en:

• Logística Deficiente: En la OECD, el 85% de las vías están pavimentadas; en ALC, menos del 25%. Esto eleva los costos logísticos, que representan entre el 18% y el 35% del valor del producto final, comparado con un eficiente 8% en países desarrollados.
• El Déficit en Conectividad Multimodal y Virtual La brecha incluye no solo carreteras y puentes, sino corredores logísticos, puertos, aeródromos y la infraestructura de conectividad virtual (fibra óptica y 5G).
• Servicios Básicos y ODS: La brecha en agua, saneamiento y energía es alarmante. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la región necesita invertir aproximadamente $15,000 millones de dólares anuales adicionales hasta 2030 una cifra imposible de cubrir solo con impuestos corrientes.

2. Modelos de Éxito: El «Pantallazo» Regional y las Mejores Prácticas

Contrario a la creencia popular, en los países más dinámicos de ALC, el Estado ha dejado de ser el único ejecutor de la construcción de infraestructura para convertirse en el regulador y planificador, promoviendo la inversión privada en la obra pública.

2.1. Chile y Colombia: Líderes en Conectividad

• Chile: Pionero en concesiones desde los años 90. Su plan 2025-2055 estima que el 48% de la inversión será privada directa. Han entendido que la infraestructura vial y aeroportuaria debe autogestionarse para liberar recursos estatales hacia salud y educación.
• Colombia: A través de sus programas de cuarta y quinta generación (4G y 5G), ha movilizado más de US$ 35,000 millones. El éxito colombiano radica en una agencia técnica (ANI) que blinda los proyectos de la política partidista.

2.2. Perú: La Revolución de «Obras por Impuestos» (OxI) y gran cartera de APPs

Perú es el referente mundial en O x I ejecutando más de 500 obras locales (centros de salud, comisarías, puentes) por $2,500 millones beneficiando a 20 millones de personas financiadas directamente por empresas privadas a cuenta de sus impuestos futuros. Esto ha eliminado la burocracia de las licitaciones centrales y ha llevado bienestar inmediato a comunidades remotas. Además, el Perú tiene una importante cartera de proyectos en modalidad APPs. Por lo tanto es un modelo mixto de inversión privada en obras públicas muy interesante y complementario a imitar en otros países.

2.3. Brasil: El Mercado más Dinámico

Brasil ha transformado su Programa de Asociaciones de Inversión (PPI) en una máquina de subastas competitivas, atrayendo fondos de inversión globales para saneamiento y ferrocarriles, sectores que antes se consideraban «imposibles» para el privado.

A continuación, presento un análisis comparativo de los países que han transformado su realidad económica mediante la apertura al capital privado.

Elaboración propia en base a bases estadísticas diversas

3. Desmitificando la Financiación: APP vs. Deuda Tradicional

La mayor ventaja de una APP es su tratamiento técnico, financiero y contable. Es vital entender que una APP no es una privatización, sino un contrato de gestión de servicios a largo plazo.. A diferencia de una obra pública tradicional donde el Estado paga por el avance de la obra.

3.1. Diferencias en el Balance Público

Para un tomador de decisiones, la APP es una herramienta de gestión de flujos de caja:

• Deuda Tradicional: Si el Estado contrata un préstamo con una multilateral por $500 millones para una carretera, el 100% de ese monto impacta la deuda pública y el déficit fiscal desde el día uno.
• Esquema APP: Siguiendo las normas del FMI y las NICSP, las APPs se contabilizan como un compromiso de pago futuro. El Estado solo registra en su presupuesto anual la cuota por el servicio recibido (Pago por Disponibilidad). Esto permite ejecutar obras masivas sin romper los techos de déficit en el corto plazo.

3.2. La Ingeniería de Riesgos

En la obra pública tradicional, si hay un sobrecosto o un retraso, el Estado (y el contribuyente) paga. En una APP:

1. Riesgo de Construcción: Lo asume el privado. Si se encarece el hierro o el cemento, el costo es del consorcio.
2. Riesgo de Disponibilidad: Si el hospital no tiene los equipos operativos o la carretera tiene baches, el Estado descuenta el pago. Esto garantiza mantenimiento de por vida, no solo construcción.

3.3      Estrategia de Inversión y Eficiencia

1. Diseño y Financiamiento: El consorcio privado diseña el proyecto y busca el financiamiento (bancos, bonos). El Estado no desembolsa dinero durante la construcción.
2. Construcción y Operación: El privado construye y, una vez terminada la obra, se encarga del mantenimiento y operación por 20 o 30 años El privado está obligado por contrato a mantener la obra perfecta para poder cobrar.
3. Transferencia total de riesgo. Si la obra falla o se atrasa, o sale más cara el costo lo asume el privado, no el contribuyente. Si la obra se encarece, el Estado no paga más.
4. Pago por Disponibilidad/servicio: El Estado empieza a pagar solo cuando la obra está lista y operativa. Si el hospital no tiene luz o la carretera tiene huecos, el Estado descuenta el pago al privado. Esto garantiza mantenimiento permanente.
5. Tratamiento contable: No se contabiliza como deuda financiera en el momento de la firma sino como un compromiso de pago futuro (gasto corriente o de capital diferido). Solo se registra en el presupuesto anual la cuota que el Estado debe pagar ese año específico («Pago por Disponibilidad») Respeta las normas del FMI y las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) registrándose con transparencia.
6. Gestión de flujos de caja. Permiten que el Estado no detenga su motor de desarrollo mientras ordena sus finanzas, trasladando el peso del financiamiento inicial al sector privado.
7. Liberación de Espacio Fiscal: Al no tener que desembolsar el 100% del capital al inicio, el Estado puede usar esos fondos para inversión social directa (salud, educación, agua), mientras el privado financia la obra grande.
8. Innovación y Tecnología: El privado busca la máxima eficiencia para rentabilizar su inversión. Esto trae a la gestión pública tecnologías que el Estado, por su burocracia, tarda décadas en adoptar (peajes inteligentes, telemedicina en hospitales APP, etc.).
9. Garantía de Finalización: En el modelo público tradicional, las obras se «detienen» por falta de presupuesto o cambio de gobierno. En una APP, el privado tiene el incentivo financiero de terminar rápido para empezar a cobrar, eliminando las famosas «obras grises» abandonadas.

Esto permite al Estado ejecutar obras masivas sin romper el techo de déficit fiscal en el corto plazo, ya que el impacto financiero se prorratea durante dos o tres décadas, dependiendo del plazo que se ha pactado.En la modalidad de Deuda Tradicional, si el Estado pide un préstamo a una multilateral para una carretera, el 100% del monto entra en el balance de deuda pública inmediatamente.

4. Obras por Impuestos: El Motor de la Paz Social

Este mecanismo es quizás la herramienta más potente para cerrar brechas en zonas vulnerables. Permite que la empresa privada local use sus capacidades de gestión para entregar infraestructura en tiempo récord a cambio de su pago de impuesto a la renta.

• El proceso: El Estado dice «necesito este puente», la empresa privada dice «yo lo construyo con mi dinero y mis ingenieros», El Estado supervisa el proceso (físico, financiero) y cuando la obra se entrega a satisfacción, el Estado le entrega un certificado (en Perú se llama CIPRL) que la empresa usa para pagar sus impuestos el próximo año.
• Agilidad – Aceleración de la Ejecución: Reduce los tiempos de entrega hasta en un 40% al evitar la burocracia de las licitaciones centrales y usar estándares de procura privados. El privado tiene el incentivo de terminar para obtener su certificado tributario y la comunidad goza de una infraestructura necesaria.
• Eficiencia, Calidad y Transparencia Privada: El privado aplica sus propios estándares de gestión, logística y procura. Esto reduce drásticamente los sobrecostos por ineficiencia administrativa y asegura que los materiales sean de la calidad prometida (porque el privado no quiere penalidades que afecten su crédito fiscal).
• Transparencia: Se reduce el riesgo de corrupción al eliminarse el flujo de efectivo directo entre el funcionario y el contratista; el pago es un certificado tributario emitido contra entrega de obra satisfactoria.
• Garantiza recaudación: El privado pagará con satisfacción sus impuestos invirtiéndolos directamente en construcción de obras de infraestructura que benefician a su entorno y mejoran su relación con la comunidad donde funciona
• Cero Endeudamiento Inmediato: El Estado no tiene que pedir prestado al mercado internacional ni pagar intereses por ese capital. Es un «adelanto» de flujo de caja que ya iba a recibir de todas formas, pero convertido directamente en bienestar social.
• Descentralización de la Inversión: Empresas que operan en áreas remotas (portuarias, mineras, agroindustriales, logísticas) invierten directamente en las comunidades donde operan, cerrando brechas sociales de forma inmediata.
• Mejora de la Relación Empresa-Comunidad: Transforma la percepción de la empresa privada. El ciudadano no ve a la empresa solo como alguien que extrae o comercia, sino como quien construyó la escuela o el centro de salud que el Estado no lograba terminar.
• Impacto Social: Construcción rápida y satisfacción de necesidades cruciales (caminos de producción, escuelas, hospitales, postas médicas, puentes, embarcaderos, acueductos, potabilizadoras comisarias) en las comunidades. Genera empleo local inmediato y dinamiza el consumo «micro» sin pasar por la burocracia central.

5. Legislación Comparada: ¿Por qué unos avanzan y otros no?

La clave del éxito en la OECD y en los líderes de ALC es la Estabilidad Institucional

• Marcos Legales Robustos: Países como Perú y Colombia tienen leyes que protegen el equilibrio económico del contrato. Si las reglas cambian, el privado está protegido.
• Unidades Técnicas Independientes: Las «Unidades de APP» deben estar formadas por técnicos, no por políticos, capaces de evaluar la «Varianza por Dinero» (Value for Money) para asegurar que la APP sea más barata para el Estado que la obra tradicional. Colombia y Perú han creado agencias técnicas independientes (como ProInversión o la ANI) que blindan los contratos frente a los cambios de gobierno, reduciendo el «Riesgo País» y abaratando el financiamiento

6. Hoja de Ruta Crítica para Panamá: Lecciones y Recomendaciones

Panamá se encuentra ante una oportunidad histórica. Con una proyección de inversión pública de $30,000 millones expresada en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) y con el desequilibrio de la inversión territorial más alto de ALC, pero con una caja fiscal apretada. Panamá no puede permitirse ser una «isla de inversión pública tradicional» que se detiene cada vez que el presupuesto se aprieta o las calificadoras de riesgo exigen ajustes.  

1. Despolitización de la Cartera: Los proyectos estratégicos (Tren de Panamá, Puertos, Corredores logísticos, Transmisión eléctrica, Conectividad comarcal, puertos fluviales) deben ser blindados como Políticas de Estado y protegidos contractualmente con horizontes de 20 a 30 años.
2. Modernización de la Secretaría de APP: Fortalecer su capacidad para estructurar proyectos «bancables» (bankable) que atraigan a los grandes fondos de globales, de pensiones y fondos soberanos internacionales.
3. Implementación Urgente de OxI: Crear el marco legal para Obras por Impuestos para transformar la infraestructura social (escuelas y centros de salud) de forma inmediata en comarcas y provincias postergadas.
4. Integración Tecnológica: Exigir que las APPs incorporen innovación (telemedicina, sistemas inteligentes de transporte) que el Estado tradicionalmente tarda décadas en adoptar.

Conclusión

El ajuste fiscal de 2026 de Panamá no debe ser visto como un freno al desarrollo, sino como el catalizador necesario para cambiar un modelo de inversión estatal agotado. Es la oportunidad perfecta para cambiar el paradigma

Las calificadoras de riesgo y los mercados internacionales castigan la falta de alternativas. Si Panamá presenta una cartera sólida de APPs y OxI, enviará un mensaje potente al mercado demostrando que tiene motores de crecimiento independientes de la deuda soberana y que tiene capacidad de aliarse con el capital privado para el bien común. Es el momento de abrir la puerta al capital privado con reglas claras, para construir un Panamá conectado, equitativo y moderno.